Este jueves, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobó la denominada ley de “antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano”, luego de un único debate que se extendió por más de cinco horas.
Su marco legal tiene como razón de ser, según el artículo 1, proveer al “poder público” de herramientas jurídicas para “contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición” de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)” el Ejecutivo procederá a “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que estas “inaplicaciones” se harán sin violar la Constitución venezolana, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.
Este blindaje “antibloqueo” otorga también facultades al ejecutivo para la “celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” para la protección de activos nacionales, así como para “impedir o revertir actos o amenazas” que atenten contra las riquezas de la república.
Todo esto, subrayó Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal Pdvsa, encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo, con las que cuenta el país.
