Una docena de candidatos a cargos públicos para las elecciones del 6 de junio fueron asesinados hasta ahora, confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Rosa Icela Rodríguez.
En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, la funcionaria admitió un incremento en las amenazas que obligan a tomar medidas más serias para tratar de evitar nuevos crímenes.
Dijo que se investigan por todas las vías los casos reportados y ya están presos algunos presuntos responsables, pero la mayoría están libres. Admitió que las cifras se multiplican en los casos de personas no candidatas, pero que están muy ligadas a las elecciones, incluidos periodistas.
Por eso, agregó, se creó un mecanismo de protección de candidatos en coordinación con los gobiernos estatales y municipales que es dónde más asesinatos y amenazas se detectan.
Señaló que el Gobierno central creó el Centro de Monitoreo con participación de las secretarías de Seguridad, Defensa, y órganos de inteligencia, para atender a los candidatos y actuar ante las amenazas.
Desde su inicio el 4 de marzo, explicó, recibieron un total de 234 denuncias de candidatos amenazados, 133 de ellos hombres, y el ritmo sigue creciendo cada día pues el crimen organizado busca influir políticamente en las elecciones y asegurar a su gente en los cargos públicos.
Puso como ejemplo las amenazas concretas contra diputados por el gobierno de Michoacán para que no votaran a favor de la destitución en 2019 del gobernador Silvano Aureoles y, sin embargo, no ocurrió nada y la denuncia no prosperó.
Precisamente el mes pasado Aureoles ejerció públicamente abuso de poder contra un maestro, a quien empujó, maltrató e insultó porque protestaba contra su administración, y esa persona tuvo que huir del estado por amenazas de muerte.
Icela Rodríguez aseguró que, «esa mala actuación del mandatario local y otras amenazas hechas por su secretario de despacho a varias personas, ya están en investigación».
López Obrador expresó que hacen todo lo posible para que se terminen los actos intimidatorios, la agresión e intervención de los cárteles y mafias del crimen organizado en asuntos políticos y exigió dejar que el pueblo elija libremente a sus gobernantes y que los candidatos puedan establecer sus derechos constitucionales en libertad y sin peligro.
