La Santa Sede firmó un decreto este jueves que indica que podrá llegar «a terminar la relación laboral» de los empleados que rechacen vacunarse contra COVID-19 si no tienen «comprobadas razones de salud».
Las sanciones previstas en el artículo 6 se refieren a una ley del Vaticano de 2011 que ya preveía «responsabilidad y consecuencias» para los trabajadores de la ciudad-Estado que no se sometan a «exámenes médicos oficiales».
Tanto el papa Francisco, de 84 años, como el pontífice emérito Benedicto XVI, de 93, ya han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el Coronavirus
