El nuevo gobierno de Perú intenta dar sus primeros pasos, en un contexto conflictivo en lo político, lo social y lo legal, y sobre todo asediado por la multitudinaria furia ciudadana contra el gobernante Manuel Merino.
Ese rechazo, que puede resumirse en la generalizada certeza de que Merino asumió el cargo por sucesión, tras forzar el Congreso de la República la vacancia (destitución) de Martín Vizcarra, acusado de corrupción, y lo hizo por ambiciones políticas e intereses nada altruistas.
El repudio se hizo incontestable anoche, en una movilización masiva que tomó el centro de la ciudad, proveniente de todos los confines de la extensa urbe, y se extendió a Arequipa, Trujillo, Cusco, Ayacucho, Tacna, Chimbote, Abancay, Huancayo y otras ciudades.
En Lima, volvió a registrarse lo que los organismos de derechos humanos consideran preocupante violencia policial contra el ejercicio del derecho a la protesta, y el saldo de la misma fue de cuatro heridos, dos por armas de fuego, según el legislador Daniel Olivares, aunque el ministro de Salud, Abel Salinas, negó que haya heridos graves.
Entretanto, los esfuerzos del gobierno de consolidarse encontraron la dificultad de lo que el diario La República califica de incumplimiento de la promesa de Merino de conformar un gabinete ministerial de ‘ancha base’.
