Este diciembre habrá elecciones de AN. Lo obliga la Constitución, se designó un nuevo CNE, se las convocó, existe un cronograma en ejecución, hay partidos opositores participando y sólo una catástrofe podría interferirlas.
Las condiciones electorales no son, hasta ahora, las que deberían existir de acuerdo a nuestra Constitución y a las leyes y reglamentos existentes, pese a las exigencias de los partidos en la Mesa de Diálogo Nacional (MDN).
Estas condiciones electorales, sin embargo, no difieren en forma importante de las de diciembre de 2015, cuando la oposición participó y derrotó al gobierno al obtener el 54 por ciento de los votos.
A pesar de los acuerdos firmados en la MDN, el desconocimiento de los mismos por parte del gobierno se inició en forma temprana, situación que era perfectamente esperable conociendo sus formas de proceder.
No hay hasta ahora condiciones de equidad entre los participantes. El ventajismo gubernamental ya se ha hecho evidente, al iniciar ilegalmente su campaña electoral involucrando al propio Presidente de la República.
El CNE está integrado por tres miembros del sector oficial y dos miembros de la oposición, lo cual mediatiza sus decisiones y no garantiza su imparcialidad al momento de tener que aplicar estrictamente la normativa vigente.
Esta lamentable situación ha estado siempre presente en los organismos electorales, pues el gobierno siempre tuvo el control final de las decisiones.
La anterior afirmación no significa que todas las situaciones anteriores fueron exactamente de la misma magnitud que la actual. Tampoco implica que la resignación debería ser la conducta a seguir.
La actitud de los rectores opositores tiene que estar determinada por la exigencia del cumplimiento de la Constitución y las leyes, en relación con las condiciones electorales y con cualquier otra materia de orden comicial.
Los reclamos deben ser informados al electorado y la no atención de los mismos debe ser denunciada públicamente. Se está al servicio de la Nación, y la transparencia es muy importante en la legitimación del proceso.
Las inconsecuencias del gobierno deberían ser castigadas con votos.
El gobierno está interesado en que haya cierta participación electoral, pero no que la misma tenga carácter masivo, pues recibiría una clara derrota de parte de los venezolanos votantes.
Su discurso y prácticas electorales están entonces en función de generar desesperanza, desmotivación e impotencia en la oposición.
Una derrota aplastante sería definitoria de un cambio de gobierno incluso si éste pudiera solaparla, pues internamente le sería muy difícil lidiar con los efectos de la misma. Significaría con toda seguridad el comienzo del fin.
Es claro entonces que parte de la oposición venezolana, al llamar a la abstención, está en sintonía con esta política gubernamental. Se olvidan que Pérez Jiménez pudo ocultar su derrota, pero no mantenerse en el poder.
Y esa oposición le hace el juego porque su política es llegar rápido al poder sin consultar electoralmente al pueblo, para hacerlo sólo después de haber “arreglado” las cosas según sus intereses. Miren a Bolivia.
Votar en diciembre es el inicio del camino para retomar la vía electoral, ruta abandonada por la oposición extremista luego que la misma la había llevado a ganar la AN en 2015.
Derrotar electoralmente al gobierno no es fácil, sobre todo por su malsana práctica ventajista y porque está organizado en función de ganar elecciones.
Para hacerlo, sería imprescindible una incorporación a la vía electoral de por lo menos parte de quienes hoy son abstencionistas, así como la unidad de todos quienes participan, algo que aparentemente está muy distante de la realidad.
En cualquier caso, instalar una nueva AN en enero de 2021 será un paso importante en la reinstitucionalización del país, en asumir de nuevo las elecciones, como la fórmula civilizada de resolver la alternancia en el poder, y terminar de rescatar el diálogo político, como instrumento de los acuerdos en la materia.
Luis Fuenmayor Toro
Médico-cirujano, Ph. D., profesor titular y exrector de la UCV, investigador en neuroquímica, neurofisiología, educación universitaria, ciencia y tecnología. Luchador político.
Actualmente es rector suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE).
