José Ignacio Hernández, procurador designado por el autoproclamado Juan Guaido, puso a su cargo a la orden el día de ayer por “diferencias de opinión”, con la Asamblea Nacional (AN) pro Guaido.
El hecho se da tras la aprobación el día martes del fondo especial de litigios de la AN, cuyo monto alcanzó los 20 millones de dólares para el pago de los honorarios de un grupo de abogados que hacen frente a las demandas de Venezuela en el exterior y defienden los bienes nacionales fuera de nuestras fronteras.
“Quiero aclarar que no he renunciado, he puesto mi cargo a la orden, a consideración del Presidente (E) @jguaido y de la @AsambleaVE si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el límite máximo del fondo de litigio”, dijo a través de su cuenta en twitter.
Según el diario El Nacional, Hernández mediante un documento dio a conocer su preocupación sobre los pagos con el fondo de litigios, sin tener un plan estratégico que enmarque los intereses de la nación.
“Entiendo que en la forma en la cual se presentó y aprobó el Acuerdo el 28 de febrero de 2020, ha generado opiniones adversas en algunas organizaciones políticas que salvaron su voto, en concreto, Primero Justicia y la Fracción 16J. Aun cuando no seguí el debate ni he leído las razones de tal disidencia, entiendo que se alegaron infracciones a las reglas del debate, así como dudas en cuanto al control de los fondos para el pago de litigio. Lamentablemente, esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo del fondo que como se sabe, ni siquiera ha sido ejecutado”.
Jose Ignacio Hernandez
Asimismo el ex procurador dijo que los pagos hechos con esta base monetaria provocaría a futuro, la puesta en marcha de investigaciones sobre la utilización del patrimonio público.
“He de lamentar que, tras más varios meses de explicaciones, comunicados, informes y reuniones, incluyendo conversaciones con diputados y líderes de los principales partidos políticos, no se ha haya generado el consenso político necesario para permitir cumplir con la función de la Procuraduría. Como advertí reiteradamente, este retraso obstaculizó la defensa de los intereses del Estado, creó riesgos innecesarios en la protección de los activos del Estado y creó innecesarias ventajas a los abogados de los acreedores y del régimen de Nicolás Maduro, quienes no se enfrentaron a las limitaciones que he tenido que afrontar”.
Jose Ignacio Hernandez
Por otra parte destacó la negativa de una sección de partidos opositores como Primero Justicia y la bancada liderada por María Corina Machado, de aprobar del fondo y sus respectivos 20 millones de dólares.
Finalmente la aprobación del acuerdo monetario a su juicio generar responsabilidades penales para el procurador que esté de turno en ese momento.
