Fuerzas políticas y sociales de Colombia llamaron hoy a un paro nacional el próximo 21 de este mes para denunciar la gestión del gobierno de Iván Duque caracterizada por la violencia y el retroceso económico, político y social.
En un comunicado firmado por Marcha Patriótica, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Partido Comunista Colombiano, entre otros colectivos, proponen ir a la movilización en pos de un país con justicia social, bienestar y progreso.
Denunciarán la violencia creciente en el país con saldo de unas 64 masacres, el asesinato de líderes sociales, exguerrilleros reincorporados, campesinos, indígenas, mujeres y personas LGTBI a manos de grupos al margen de la ley y la fuerza pública.
También repudiarán la brutalidad policial contra la manifestación pacífica con saldo de decenas de víctimas en esta nación.
En el comunicado recuerdan el asesinato de Javier Ordoñez, la masacre de 14 jóvenes en Bogotá y Soacha que rechazaban la brutalidad policial, el señalamiento y la estigmatización a la protesta social asociándola con actos de vandalismo como pretexto para iniciar falsos positivos y judicializar a los manifestantes.
También señalan el asesinato de Juliana Giraldo, mujer trans, por parte de un soldado en un retén militar en zona rural de Miranda, en Cauca, hechos que generan el repudio nacional e internacional
En tal sentido denunciarán la no implementación del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de Duque, la presencia de tropas de Estados Unidos como proyecto intervencionista contra Venezuela.
Asimismo, exigirán el cese del criminal bloqueo económico contra Cuba y defenderán el principio de autodeterminación de los pueblos.
En el contexto del paro, denunciarán el agravamiento de la crisis política, social y económica derivada de la imposición de medidas de corte autoritario por parte del Gobierno de Duque, con los más de 164 Decretos al amparo de la Emergencia Económica y Sanitaria para contener los índices de contagio por Covid 19.
Tales decretos favorecieron de manera directa los intereses del empresariado, del sector financiero y el gran capital con el desembolso de grandes sumas de dinero, al tiempo que negó la posibilidad de una renta básica para la población vulnerable, señalan.
Repudiarán la afectación directa a los derechos y conquistas del movimiento sindical y sectores populares con políticas regresivas que incrementaron los índices de desempleo en un 25 por ciento y de la informalidad en un 45 por ciento, lo cual amplió la brecha de marginalidad, exclusión y pobreza.
