Tarek William Saab, fiscal general de la República, reconoció este sábado 1° de mayo la responsabilidad de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en el asesinato del joven Juan Pablo Pernalete.
“En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, indicó Saab.
Esto supone un cambio en la narrativa oficial pues hasta el momento se manejaba la tesis de que Pernalete había muerto luego de recibir un disparo, por parte de otro manifestante con una pistola de pernos en el pecho, según lo afirmado por el ministro de comunicación para ese entonces, Ernesto Villegas. Mientras que Saab, quien fungía como Defensor del Pueblo, aseguró en aquel momento que Pernalete fue asesinado por francotiradores y pistoleros infiltrados para crear caos en las protestas.
Pese a estos señalamientos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó al país que la muerte de Juan Pablo Pernalete se produjo luego del impacto en su pecho de una bomba lacrimógena. Asimismo la funcionaria indicó que la responsabilidad de esta muerte recae sobre los funcionarios de la GNB.
Luego de ser designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente como fiscal general, Saab indicó que la investigación de este caso había sido reabierta debido a que presuntamente se descubrió que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía había alterado pruebas.
No obstante los más recientes comentarios de Saab echan por tierra sus propias declaraciones y respaldan las conclusiones obtenidas por la investigación llevada a cabo por la exfiscal Ortega Díaz.
Las declaraciones de este sábado corresponden a la lectura de un tercer informe enviado por el Ministerio Público a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El examen preliminar de la CPI, actualmente se encuentra en la fase 3, donde se estudia si en Venezuela se llevan a cabo juicios válidos en contra de los altos funcionarios responsables de los crímenes cometidos.
Saab señaló que a pesar de enviar estos informes, no han tenido respuestas ni recomendaciones por parte de la CPI, por lo que dijo que es urgente que haya una comunicación entre el MP y el organismo internacional, donde este indique si los compromisos adquiridos y avances realizados por la justicia venezolana son suficientes para cumplir con la fase de evaluación en que se encuentra.
El funcionario reiteró que el accionar de la Corte Penal Internacional solo se justifica si los órganos judiciales del país no garantizan justicia a las víctimas.
Si considera que las autoridades venezolanas están cumpliendo con el debido proceso, la CPI deberá inhibirse de abrir una investigación formal, lo que explicaría el cambio de narrativa repentino del Ministerio Público con el fin de evitar unas investigación y posible juicio internacional contra el Estado Venezolano.
